PLAN DE EMERGENCIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE CALIDAD
En el contexto del coronavirus y ante los meses críticos que se visualizan en términos sociales, sanitarios y económicos, el mes pasado, el Colegio Médico de Chile (Colmed) convocó a un grupo de destacados economistas para realizar una propuesta de apoyo social para las familias en la Mesa Social Covid-19.
El trabajo se tradujo en un documento denominado “Política Fiscal y Apoyo a las Familias en la Pandemia”, cuyo principal foco es un marco fiscal general, además de medidas de apoyo a las familias que les ayude a sobrellevar el período de contagios y, también acompañar la etapa posterior de apertura de la economía.
El Gobierno, consiente de lo planteado en el documento citado, en el sentido que el aumento de los contagios indica que la crisis sanitaria está lejos de ser controlada, que no se sabe como evolucionará, ni cuando será posible reiniciar las actividades económicas, hizo un llamado a la oposición para que se sume a trabajar por un “gran acuerdo nacional”. La oposición, a su vez, demandó al Ejecutivo sentarse a conversar a partir del documento elaborado por los economistas que, entre otros puntos, propuso un plan de 18 meses recurriendo a los 12 mil millones de dólares del Fondo de Estabilización Económica Social (FEES) para hacer frente a la contingencia.
Así, el ministro de Hacienda Ignacio Briones hizo llegar a los parlamentarios de las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado un documento precisando los “ejes esenciales” del llamado “Plan de Emergencia” en que el Gobierno y Chile Vamos más la oposición buscarán lograr un acuerdo marco para enfrentar los efectos sociales y económicos de la pandemia. El enfoque puesto a esa fecha apuntaba a tres áreas: protección de los ingresos de las familias; reactivación económica y del empleo; y convergencia fiscal de mediano plazo.
No obstante, nuestros legisladores con la severa crisis de legitimidad que los afecta y con una carencia de empatía frente a la emergencia que afecta al país, empezaron a enviar señales inexplicablemente confusas a la ciudadanía desde el primer momento. La primera señal fue el cambio de nombre al acuerdo que obedece a que la clase política declaró a la prensa no querer restarse del llamado, pero que “no habría condiciones para conversar sobre un gran acuerdo nacional.[1] En esto coincidieron tanto los parlamentarios de Chile Vamos como los de oposición.
La segunda señal es la crítica[2] al rol confuso, que creen advertir, entre la política y los expertos, a pesar de que el grupo quedó finalmente compuesto por un amplio espectro político.[3] Como tercera señal, podemos señalar que cada sector político ha diseñado un acuerdo marco y exige que su “propia agenda política” sea tomada en cuenta.
La contradicción de nuestros legisladores es evidente, por una parte, declaran estar de acuerdo con la necesidad de actuar con celeridad ante la emergencia, y por otra parte, desconocen que la complejidad de las materias que se abordan en la mesa de trabajo para consensuar una política pública fiscal, robusta y flexible, amerita el asesoramiento de quienes tienen conocimientos específicos en materias económicas. Los procesos legislativos que tienen sustentabilidad en el tiempo y legitimidad en la opinión pública son aquellos donde no solo los expertos participan sino también donde se involucra activamente la sociedad civil en un estado de derecho democrático.
Y, a pesar de que los economistas invitados a la mesa han reiterado en diversas oportunidades que la última palabra se radica en el Congreso y que ellos sólo asesoran el proceso planteando los mejores instrumentos para enfrentar la urgencia, los congresistas manifiestan públicamente su temor que el ministro de Hacienda llegue a la comisión con un documento redactado y que a ellos sólo les reste pronunciarse sobre éste.
No resulta comprensible la aprehensión esgrimida por los parlamentarios, si recordamos que más de una vez han tenido que salir a dar explicaciones a los medios de prensa, cuando ha quedado claro que no estudian ni aprueban las leyes con la acuciosidad que debiesen hacerlo quienes perciben una alta dieta parlamentaria por el ejercicio de sus funciones.
Un ejemplo reciente de ello, lo constituye el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados que limita la reelección de diputados, senadores, alcaldes, y otras autoridades. Tras años de tramitación en el Congreso y luego de un polémico debate, principalmente en la Cámara Alta, los senadores entendieron que la norma sólo se aplicaría en 16 años más, cuando hubieran cumplido dos períodos, contados a partir de la elección del 2021.
En otras palabras, aprobaron el proyecto pensando que postergaban las normas de límite a la reelección, haciéndolas inaplicables a ellos, cuando en realidad, estaban haciendo justamente lo contrario. “Era cosa de leer”, dijo el secretario de la Cámara de Diputados, en medio de una sesión de la Comisión de Constitución a un medio de prensa.[4]
Este episodio, que lamentablemente no es poco frecuente a nivel parlamentario, demuestra que es imperativo que los políticos abandonen el modo de desconexión con la ciudadanía, sus trincheras y trabajen junto con aquellos miembros de la sociedad civil con vasta experiencia en materia de políticas públicas económicas que serán un significativo aporte.
Esta vez no habrá espacio para errores o fallas en lograr un acuerdo. Nos encontramos frente a una emergencia global de la mayor envergadura. El ex ministro de Hacienda Andrés Velasco declaró recientemente que “…de haber un fracaso político, el costo será un desempleo desorbitado, un descontento social creciente y una probable segunda ola de violencia.”[5]
Todos coinciden en que los subsidios a las personas no ha sido suficientes y que Chile tiene espacio para endeudarse. Es de vital importancia, entonces, asegurar a las familias de más bajos ingresos que podrán cumplir con tranquilidad la cuarentena. Los datos de movilidad[6], dan cuenta que las comunas de los barrios altos han reducido significativamente su movilidad en comparación con las comunas más vulnerables. El escaso acatamiento de las medidas sanitarias en este sector de la sociedad se explica porque no tienen la posibilidad de quedarse en sus casas. Procurarse ingresos, aun cuando esto signifique que se puedan contagiar y enfermar, significa para ellos subsistir día a día.
En la medida que las familias más vulnerables reciban el apoyo del Estado lo antes posible, menor será el costo económico y más rápido podremos reactivar la actividad del país. Necesitamos que todos, pero especialmente la clase política aúnen sus esfuerzos antes que tengamos que lamentar los costos que nos dejará el no haber sabido dialogar para construir una política pública de calidad, flexible a las necesidades que se vayan presentando y que se alcance por medio de ella el objetivo anunciado.
M. Soledad Alonso Baeza
Abogada
Colaboradora de LOT abogados
[2] www.emol.com; www.latercera.cl; de 03.06.20
[3] Así, a los de Colmed: Andrea Repetto, Claudia Martínez, Sebastián Edwards, Claudia Sanhueza (RD), José De Gregorio (DC), y Rodrigo Valdés (PPD); se sumaron por la UDI, Bettina Horst, Juan Andrés Fontaine; por el PS, Álvaro Díaz; por RN, Rafael Aldunate y Cristián Solís de Ovando; por Evópoli, Klaus Schmidt-Hebbel y Sebastián Izquierdo. Y finalmente están los tres delegados presidenciales: Vittorio Corbo, Rodrigo Vergara, y Rodrigo Cerda.
[4] https://www.t13.cl/noticia/politica/era-cosa-leer-autogol-senadores-limite-reeleccion1 01.06.20
[5] www.latercera.com 07.06.20.
[6] Estudio elaborado por la Universidad del Desarrollo (UDD), Telefónica Chile y Cisco. Entregado al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Inovación y disponible en https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto33