LA GUERRA DE LOS RESPIRADORES
El ex Ministro de Salud Jaime Mañalich advirtió públicamente, hace unos días, los problemas que existen en la distribución de insumos, y sentenció que se había declarado una suerte de “guerra de respiradores” en el mundo, que incluían sorprendentes incautaciones y que obligaban a manejar la información en secreto, con miras a proteger la llegada de los insumos al país.
En Estonia un ministro debió rogarle por teléfono a un periodista que no divulgara los detalles de un gran envío de mascarillas que se dirigían al país. El ministro señalaba que se corría el riesgo, como ya había pasado, que la transacción fracasara por otros países que ofrecen precios más altos para quedarse con los suministros cruciales para la pandemia. El ministro estonio acusó a Estados Unidos, que estaba dispuesto a pagar el doble con tal de quedarse con los insumos.
Gobiernos, generalmente defesores de la transparencia, se habían volcado al secretismo.
No era posible, entonces, publicar información en línea sobre las próximas licitaciones por adelantado, sino que se intentaron compras directas para evitar entregar información pública.
Escenarios similares se están desarrollando en todo el mundo.
¿Se puede renunciar a procedimientos diseñados para garantizar que las compras del gobierno sean transparentes, eficientes y libres de corrupción?
Sabemos que normalmente tratándose de compras públicas en el mundo, se solicitan las ofertas por adelantado para intentar encontrar vasta oferta y elegir los mejores proveedores aplicando criterios estrictamente regulados. Para mayor transparencia, los detalles se publican en portales de internet abiertos, como ChileCompra en nuestro país, por ejemplo.
Estas precauciones son muy importantes para evitar actos relacionados con la corrupción y obtener los mejores precios y servicios. En países de altos ingresos, las compras del gobierno representan cerca de un tercio del gasto estatal.
Un sistema transparente de compras públicas contribuyen de manera esencial a los objetivos de eficiencia del sector público y al establecimiento de las confianzas de la ciudadanía. En Chile, por ejemplo, las adquisiciones gubernamentales abarcan más del 4% del PIB, gracias a los más de 12.000 millones de dólares que gasta anualmente el Estado en bienes y servicios.
Pero en tiempos de pandemia ha llegado el tiempo de las excepciones, de las “pausas de compliance”. Y estas se están aplicando no solo en materia de compras de suministros médicos, sino también de otros elementos, como en la compra de alimentos para 2,5 millones de cajas que se encuentra repartiendo el gobierno. En la batalla de la urgencia versus la transparencia está ganando la urgencia y se utiliza la compra directa, órdenes verbales, sin ofertas y sin publicaciones.
Es evidente que cuando las cosas se ponen complicadas es más dificil el cumplimiento de las normas y lo mismo ha pasado con las normas de protección de la libre competencia en que también se ha utilizado la expresión “pausa en compliance”.
¿Pero qué pasa si estas adquisiciones en contexto de la pandemia COVID-19 se hacen a personas o sociedades con antecedentes cuestionables? ¿Cómo combatimos a los vendedores sin escrúpulos o incluso funcionarios que podrían verse tentados a otorgar contratos inflados a amigos o socios comerciales?
El caso boliviano
Un caso escandaliza por estos días a Bolivia. Se trata de indicios de corrupción que terminaron con acusaciones y destitución del Ministro de Salud al comprobarse el precio excesivo que se pagó por la compra de 500 respiradores a una firma española que había oficiado de intermediaria para adquirir frente a la compañía que fabricaba los aparatos, la empresa de Barcelona GPAInnova y que los vendía en 6.600 euros incluyendo accesorios. Esta empresa vendió 500 aparatos a IME Consulting, que finalmente vendió los respiradores al ministerio de Salud con el sobreprecio. Esta compra había sido financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que anunció la apertura de una investigación.
En este punto el monitoreo por parte de los periodistas y la sociedad civil es absolutamente esencial, porque si bien existen medidas para reducir la burocracia en una emergencia, no pueden relajarse absolutamente éstas para controlar la corrupción, sino que el enfoque debe ser el de mejora continua de los procesos de adquisición y celeridad en el due diligence. La Comisión Europea, por ejemplo instó a una medida de emergencia denominada "procedimiento negociado sin publicación previa" para comprar suministros urgentes.
En efecto, el 01 de abril de 2020 se publicaron orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco de contratación pública en la situación de emergencia relacionada con la crisis del COVID-19 en las que se reconoce que una crisis sanitaria exige soluciones rápidas e inteligentes y agilidad para hacer frente a un enorme aumento de la demanda de bienes y servicios de tipo similar, al mismo tiempo que algunas cadenas de suministro se ven perturbadas.
En concreto, el procedimiento negociado sin publicación permite que los compradores públicos adquieran suministros y servicios en el plazo más breve posible. Con arreglo a este procedimiento, los compradores públicos pueden negociar directamente con los posibles contratistas y no hay exigencia de publicación, plazos, número mínimo de candidatos que deben ser consultados ni ningún otro requisito de procedimiento.
Ahora bien, como los poderes adjudicadores se apartan de los principios básicos de transparencia, se exige que el recurso a este procedimiento tenga carácter excepcional y los motivos deben justificarse en un informe posterior, denominado "aviso de adjudicación del contrato", que debe presentarse dentro de los 30 días posteriores a la conclusión del contrato.
En suma, se ha dicho, al menos debieran utilizarse fuertes controles ex post, que si bien no es lo ideal, permite investigar sin tanto apremio. Ya sabemos que en época de catástrofes y pandemias, la ocasión hace al ladrón.