ENTREVISTA CAROLINA RUDNIK, DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE MIGRANTES
Abogada. Universidad de Concepción. Magíster en Filosofía Moral, Universidad de Concepción. Presidenta de Fundación Libera
1. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el delito de trata de personas y tráfico de migrantes?
El delito de trata de personas es un delito contra las personas. Corresponde a un delito donde se violentan derechos humanos fundamentales, el derecho a la libertad, a la indemnidad sexual, a la dignidad, entendida la dignidad como el derecho a ser titular de derechos. La trata de personas sanciona el comercio de personas que migran, -sea de país, sea de región- y que se ven captadas y trasladadas por sujetos que, generalmente a través de falsas ofertas de empleo, los fuerzan, física o psicológicamente, a realizar labores a las que no pueden ofrecer resistencia.
El trafico ilícito de migrantes, por el contrario, es un delito contra el Estado. Lo que se sanciona aquí es la figura del “coyote”, aquellos que facilitan la entrada ilegal a un país de alguien que no es nacional o residente. Este delito sanciona la acción del coyote, de aquella persona que permite ingresar a extranjeros ilegalmente, por lucro. La víctima es el Estado, no el migrante, pues se ha violentado la legislación migratoria, se ha quebrantado el poder soberano por parte del coyote.
Si bien puede ocurrir que una víctima de trata sea cruzada ilegalmente por frontera, y consecuentemente, se den ambos delitos simultáneamente, no siempre es así. Sin embargo, lo más importante, es que ambos delitos protegen bienes jurídicos distintos.
2. ¿Cuáles son las causas o circunstancias que favorecen ambos delitos?
Tradicionalmente se señalan como causas basales de la trata, y son aplicables al trafico ilícito de migrantes: la globalización de la pobreza, que crea un mercado de personas migrantes susceptibles de ser captadas por personas inescrupulosas o redes de trata; la existencia de criminalidad organizada y corrupción, esta última, según el ultimo informe en la materia de Naciones Unidas del 2019, es una determinante directa de los niveles de trata al interior de un país; la existencia de políticas migratorias restrictivas, que no permiten identificar y discriminar a una víctima de trata que requiere ayuda en frontera, aumentando su vulnerabilidad; y la existencia de demanda de servicios prestados por personas en situación de explotación. Esto ultimo es clave. Las cadenas globales de valor se hallan teñidas de la existencia de trata y trabajo forzado, toda vez que las transnacionales han llevado sus centros de producción a países con escasa institucionalidad y fiscalización, con condiciones laborales mínimas o incluso menores al mínimo, que contribuyen al riesgo de explotación.
3. Cada cierto tiempo aparece en los medios de comunicación el descubrimiento de redes que operan como traficantes de personas, ¿por qué razón el tema es invisible para nuestra sociedad?
Por varias razones. En primer lugar, el delito de trata se haya recientemente incorporado a nuestra legislación, específicamente a partir del año 2011. Los sistemas de justicia tardan en comprender la realidad sociológica de los delitos, que permite reconocerlos en la practica. Entonces, a menos que ocurra un caso que reúne las características paradigmáticas del delito, y que generalmente dicen relación con redes complejas, propio de las películas, las practicas más sutiles y menos evidentes pasan completamente inadvertidas. Por otro lado, la capacitación de los funcionarios estatales es baja, tanto en intensidad como en calidad, no generando en ellos las habilidades que se requieren para detectar la trata. A esto debemos sumarle que el Estado nunca ha asignado presupuesto para la política pública del delito de trata, y eso incide directamente en los niveles de eficiencia y eficacia de los agentes estatales. No hemos tenido una campaña de difusión a la opinión pública en que se le informe a las personas acerca de este delito.
Finamente debemos agregar el factor ético-cultural: la grave y profunda discriminación que existe en el país contra personas por razones de pobreza, género, nacionalidad, etnia y edad hace que naturalizemos el abuso y maltrato, y no detectemos la vulneración de derechos y la comisión de delitos.
4. Opinión respecto de la política migratoria del Estado de Chile.
Si bien no soy experta en esta materia, desde la perspectiva de la prevención y protección de víctimas de trata, la política migratoria en el país se encuentra en deuda de incorporar explícitamente una serie de derechos y garantías que los organismos internacionales especializados en la materia han desarrollado en los últimos años. Se debe sindicar con mayor fuerza la protección a las víctimas y la garantía de una regularización migratoria que contribuya a su seguridad, remediación y le otorgue efectiva protección. Adicionalmente, está el grave problema de las visas sujetas a contrato. Ese tipo de visa, que establece una dependencia feroz con el empleador, al exigir que el trabajador se mantenga con el empleador a lo menos dos años, los expone al peligro de abuso, maltrato y explotación. La dependencia migratoria es uno de los factores de vulnerabilidad del que abusan los tratantes. La regulación de esa visa debe ser revisada y corregida.
5. Perfil de las víctimas en la trata de personas y en el tráfico ilícito de migrantes.
No existe un perfil único de víctima de trata. Ese es justamente uno de los errores o mitos habituales. Una víctima de trata puede ser cualquier persona que tiene la mala suerte de encontrarse con alguien que esta dispuesto a abusar de su superioridad de estatus o condición, para engañarlo y explotarlo. Por cierto, lo que sí se puede afirmar es que hay personas que son mas vulnerables a ese engaño y posterior abuso, que como comentaba antes, dice relación con las categorías de discriminacion que existen en la sociedad: ser pobre, mujer, migrante, indígena, niño o niña. Específicamente en el caso de Chile, debemos agregar la vulnerabilidad de las comunidades migrantes que han llegado al país por los conflictos sociales y políticos de sus países de origen, como son el caso de la población haitiana y venezolana. Naciones Unidas ha alertado acerca del aumento de casos de trata de personas venezolanas que han llegado a los países de la región.
6. ¿Cómo evalúas el trabajo que realiza la Mesa Intersectorial de Personas en Chile?
La Mesa Intersectorial es un valioso esfuerzo de articulación de servicios públicos y de organizaciones de la sociedad civil para coordinarse, formarse, difundir y mejorar los instrumentos de persecución y protección a víctimas. Sin embargo, mientras no se asigne presupuesto, la política publica depende de la voluntad de las distintas entidades publicas, y ya sabemos que lo urgente no deja tiempo para lo importante.
7. Cuando se fiscalizan las condiciones de trabajo de migrantes por parte de los operadores de justicia se observa que el acento se pone en la regulación de la documentación y no en una investigación más de fondo que pueda sacar a la luz eventuales delitos de trata, ¿por qué crees que ocurre esto?
Esto ocurre por varias razones: en primer lugar por desconocimiento del delito: los fiscalizadores laborales no han sido masivamente capacitados en la materia, y no son capaces de reconocer el delito en la práctica, a menos que las vulneraciones sean muy graves. No saben reconocerlo y si lo reconocen, desconocen como actuar. Adicionalemnte debemos agregar que los fiscalizadores laborales son personas como cualquier otra y, por lo tanto, también comparten los prejuicios y filtros de discriminación, que no permiten reconocer que un otro ha sido abusado, pues naturalizo el abuso como una condición dada.
8. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan las víctimas a la hora de narrar los hechos que han debido enfrentar?
La experiencia de sufrir trata es física y psicológicamente devastadora, particularmente en el caso de trata con fines de explotación sexual. Narrar lo vivido implica muchas veces recrear en la víctima lo sufrido y eso es muy doloroso y desgastante. Sin una adecuada entrevista, la experiencia puede ser revictimizante y traumática. Las víctimas también tienen desconfianza de los agentes del Estado, y estos, si no están capacitados, pueden ser tremendamente intimidantes para una víctima, lo que las cierra mucho más. La trata provoca consecuencias físicas y sicológicas, las víctimas se confunden, pierden la memoria, y se requiere una aproximación especial que les otorgue seguridad empática para que ellas puedan abrirse. Por otro lado, también ocurre que el sistema de justicia es tremendamente desconfiado con una víctima de trata, y a menos que ésta sea la víctima ideal, es decir, una persona débil, de carácter suave, vulnerable, el sistema no las reconoce como tales.
9. El último TIP REPORT 2020 de la Oficina del Departamento de EE. UU que monitorea el avance de los países en estas materias indica que aún tenemos sentencias indulgentes y detección poco activa de víctimas, ¿qué se requiere para que sensibilicemos al país y avancemos hacia políticas públicas más adecuadas?
Se requiere sensibilización, difusión y capacitación masiva, tanto de la opinion publica en general, como de los agentes del Estado, incluido el poder judicial. Debo reiterar en este punto, que la voluntad política es clave, y ello se manifiesta en la asignación de presupuesto para programas contra la trata.
10. La Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe advierte que con la pandemia aumentará la vulnerabilidad de algunos grupos frente a posibles tratantes y agravará la situación de quienes ya son víctimas de trata, ¿qué acciones pueden tomar los gobiernos en esta materia? ¿Las políticas migratorias restrictivas inciden en el aumento de estos delitos?
Efectivamente, las políticas migratorias restrictivas tienen como consecuencia que las víctimas de trata pasan inadvertidas en la frontera, en el tránsito hacia la explotación. El Estado se centra en la persecución del trafico ilícito de migrantes, donde el migrante es objeto del delito, y no víctima del delito, invisibilizando aun más las posibles vulneraciones que sufre. Se requiere eficaz capacitación que permita en frontera detectar a las víctimas, protegerlas y rescatarlas en esa etapa previa de traslado. Asimismo, la coordinación internacional en esta materia es clave. Los países deben coordinar esfuerzos, intercambiar información y ser productivos en la detección de personas que sufren violaciones de derechos.