EDITORIAL REVISTA LEGAL Nº 24
“Fin del capítulo de la dictadura: los chilenos votan para redactar una nueva constitución.”
The New York Times.[1]
Dedicamos esta editorial a la contingencia nacional y al plebiscito del domingo 25 de octubre pasado cuyos resultados no dejaron indiferente a nadie. Así, la opción “Apruebo” y la opción “Convención Constitucional”, con un 78,3% y 78,99% respectivamente, indican que hemos iniciado el camino hacia un proceso constituyente, a pesar de la pandemia y del escepticismo de ciertos sectores conservadores que se oponían férreamente a un cambio constitucional. Las cifras del Servel indican que la votación tuvo la participación electoral más alta desde el retorno a la democracia, lo que implica un enorme desafío para la clase política y la sociedad civil.
El evento fue cubierto por diversos medios de comunicación internacional tales como The New York Times, BBC News, The Guardian, Financial Times, The Washington Post, El País de España, Le Monde de Francia, El País de Uruguay, El Comercio de Perú, El Clarín de Argentina, etc.
Si bien, para la mayoría de los países desarrollados estamos “enterrando” los enclaves autoritarios heredados de Pinochet, por lo que el resultado del referéndum sería la instauración de una democracia plena, otros analizan el estallido social del 18 de octubre de 2019 y la necesidad que las élites sociales, políticas y económicas del país empaticen con una ciudadanía que clama por acortar las brechas en materias de pensiones, salarios, acceso a la vivienda, a la salud y trato digno, entre otros aspectos.
Lo cierto es que las élites deben reconectarse con una ciudadanía que los culpa de varios de sus males. Así, antes del plebiscito, un estudio de percepciones sobre la desigualdad en la élite chilena volvió a dejar al descubierto la falta de conocimiento de la clase dirigente respecto del país en que vive. El informe[2], en el cual se invitó a 500 directores de grandes empresas, líderes de opinión, periodistas y economistas, entre otros, reveló que creen que el 25% de la población es de clase baja, el 57% es de clase media y el 18% es de clase acomodada. La realidad es que el 77% es de clase baja, el 20% es de clase media y solo el 3% es de clase acomodada. También las élites estimaron que el 39% de la clase media y el 18% de la clase baja están afiliados a isapres. La realidad es que son 8% y 0%, respectivamente.
Por su parte, los analistas políticos internacionales advierten que la aplastante victoria del “Apruebo” no debe tomarse ni como un cheque en blanco, ni como una meta. Sino como un compromiso adquirido por todos los sectores, de izquierda, de centro y de derecha, y apenas un primer paso en el largo transitar hacia la transformación social que Chile necesita.
Así las cosas, tenemos un largo camino que recorrer y en lo que sí parece haber cierto consenso es que el proceso constituyente nos brindará la oportunidad de diseñar una sociedad que responda al cambio de valores que ordenaban antes a nuestra sociedad y que ahora nos guste o no quedaron obsoletos. Aquí se produce lo que el rector y columinista Carlos Peña[3] denomina la “paradoja constitucional”. Las sociedades para discutir las bases de convivencia requieren de sosiego, ausencia de coacción y disposición al diálogo. Pero al mismo tiempo, la necesidad de hacerlo aparece cuando en lugar de sosiego hay conflicto, cuando en vez de ausencia de coacción existe amenaza de su empleo y cuando en lugar de diálogo hay simples tomas de posición. La paradoja consiste, entonces, en que las mismas circunstancias que hacen necesario debatir acerca de una nueva constitución son las que dificultan hacerlo y, es en estos momentos en que la naturaleza de la política amenaza imponerse sobre la razón.
Está por verse si podremos resolver este dilema, construir puentes de diálogo y recobrar la mesura para no perder la oportunidad de construir un país diverso e inclusivo, donde quepamos todos y seamos capaces de reconocernos en la dignidad de la persona humana y no en la condición de pertenencia a una clase social, preferencias, creencias, género, etnia, identidad sexual, etc.
En este número en la sección “Jurisprudencia” incluimos los siguientes fallos: 1) Corte Suprema, Rol Nº 29.441-2019 (adquisición del dominio sobre un bien raíz); 2) Corte Suprema Rol Nº 21.058-2020 (tramitación de incidencia en segunda instancia impide computar el plazo para el abandono del procedimiento); 3) Corte Suprema, Rol Nº 8.571-2019 (improcedencia de rebajar multa impuesta si no se determina la ilegalidad del acto administrativo ); 4) Corte Suprema, Rol Nº 2.000-2004 (efectos del pacto de separación de bienes en que se omite inventario y tasación de bienes); 5) Corte Suprema, Rol Nº 28.172-2019 (efectos de la retractación del empleador respecto del despido); y 6) Corte Suprema, Rol Nº 4.492-2019 (calificación de los guardias de seguridad como trabajadores de comercio).
En la sección “Entrevistas”, Mauricio Duce, abogado, académico de la Universidad Diego Portales y especialista en materias procesales penales y en policías, en una segunda entrevista, nos explica su visión acerca de la importancia de dar prioridad a la reforma postergada de la policía uniformada.
En la sección “Artículos Legales”, publicamos “Acoso Laboral y Acoso Sexual” de Felipe Velastín, abogado de la Universidad de Chile y con experiencia en derecho laboral y administrativo, en el cual distingue entre el acoso laboral y el acoso sexual y nos indica el procedimiento a seguir dentro de la organización. El mismo autor en “La Fundamentación del Acto Administrativo”, nos ilustra acerca de los factores jurídicos a considerar a la hora de interponer un reclamo.
Por su parte, Tamara Agnic, ingeniera comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, consultora chilena, experta en compliance, prevención de delitos y corrupción, en su artículo “Transparencia, Trazabilidad y Transversalidad de la Información”, a propósito del escándalo de los reportes de actividades sospechosas que bancos globales enviaron durante casi dos décadas al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que revelaron corrupción y otras actividades ilícitas, analiza las lecciones del caso y recalca la importancia de la ética en el compliance para evitar las prácticas reñidas con la integridad.
En la sección “Alerta Legal COVID-19”, seleccionamos las principales normas, leyes, reglamentos y comunicados dictados con motivo del coronavirus.
Finalmente, les contamos que a partir del próximo número nuestra revista se publicará mensualmente. Los invitamos, como siempre a compartir sus opiniones, sugerencias y publicaciones con nosotros en revistalegal@abogadosenred.cl
[1] Artículo de opinión publicado el 26 de octubre de 2020 .
[2] El informe fue encargado a Unholster (empresa especializada en Data Science, Data as Service, Análisis de Datos y desarrollos de Software a medida) por el Círculo de Directores, con el apoyo de la Universidad de Los Andes. Toma los parámetros del Banco Mundial que define como clase media a un ingreso per cápita mensual entre $160 mil y $800 mil.
[3] Carlos Peña, “El Desafío Constitucional”, Penguin Random House Grupo Editorial S.A., Primera Edición, octubre, 2020, pp. 23-26.