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NEWSLETTER LOT LILLO, ORREGO, TORRE & CÍA. ABOGADOS  
 
NEWSLETTER Febrero 2020-04
 
 
Jurisprudencia
 
 
EL PLAZO DE CADUCIDAD DE SEIS MESES, NO SE APLICA CUANDO SE HA INICIADO UN PROCESO SANCIONATORIO

La Corte Suprema al analizar el artículo 15 inciso 1° de la Ley N°18.902, señala que este fue concebido como un plazo de prescripción, que debe interpretarse como una norma especial de duración del procedimiento administrativo sancionatorio ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que debe recibir aplicación preferente, por sobre el plazo consagrado en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 que dispone el decaimiento del acto administrativo pasado seis meses. (Ver Más).
 
 
 
LA RESOLUCION QUE APROBÓ FUSIÓN Y PERMISOS DE EDIFICACIÓN, NO PUEDEN SER MODIFICADOS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA POR UN ACTO POSTERIOR, COMO SERÍA LA APROBACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO

La corte suprema sin analizar el fondo del asunto, señala que los actos de autoridad no pueden desconocerse o modificarse, puesto que mediante la invalidación de la resolución que modifica el proyecto de edificación, en los hechos se pretende modificar la resolución que aprobó la fusión y los permisos de edificación que se generaron, cuestión que no procede y que torna el acto en arbitrario e ilegal, afectando la garantía de igualdad ante la ley de los recurrentes. (Ver Más).
 
 
LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES, NO CONSTITUYE UN CASO DE FUERZA MAYOR QUE EXIMA DE RESPONSABILIDAD AL PROVEEDOR DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO

La Corte de Apelaciones señala que la “Huelga Legal” no constituye un caso de fuerza mayor de acuerdo al artículo 45 del Código Civil, ni atendiendo al parámetro del artículo 127 del Código Aeronáutico, puesto que surge de un procedimiento reglado de negociación colectiva, cuyos efectos y consecuencias - como la huelga legal- pueden ser perfectamente previstos por la empresa con anticipación. Así no puede el proveedor fundar su incumplimiento y no otorgar la prestación pactada, en la existencia de fuerza mayor por huelga legal, debiendo indemnizar al consumidor por ello.  (Ver Más).
 
 
 
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